NUEVA LEY DE CÁMARAS DE COMERCIO

10 de abril de 2014

Con el antecedente de la polémica y anacrónica Ley de Cámaras de Comercio (Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación) con su adscripción obligatoria de “empresarios” y con el devengo del “recurso cameral” (como “tributo” obligatorio) que tantos pleitos y recursos generó, una nueva Ley ha venido a sustituirla:

Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Publicada en BOE 2 Abril 2014

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3520

Cuyas características esenciales son:

Deroga:

Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, y sus sucesivas modificaciones.

Mantiene en vigor:

Reglamento General de Cámaras aprobado por el Decreto 1291/1974, de 2 de mayo: se mantendrá en vigor, salvo en lo que se refiere al recurso cameral permanente, en cuanto no se oponga a esta Ley y hasta tanto se dicten las normas reglamentarias sustitutorias.

Entrada en vigor:

El día siguiente al de su publicación en el «BOE». (BOE 2 Abril 2014).

 

Mantiene la adscripción obligatoria, aunque sin generar obligaciones económicas

Artículo 7. Adscripción a las Cámaras.

1. Las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios o navieras en territorio nacional formarán parte de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dentro de cuya circunscripción tengan establecimientos, delegaciones o agencias, sin que de ello se desprenda obligación económica alguna ni ningún tipo de carga administrativa, procediéndose a la adscripción de oficio de las mismas.

2. Se entenderá que una persona física o jurídica ejerce una actividad comercial, industrial, de servicios o de navegación cuando por esta razón quede sujeta al Impuesto de Actividades Económicas o tributo que lo sustituya en el territorio correspondiente del ámbito de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

3. En general se considerarán actividades incluidas en el apartado 1 de este artículo todas las relacionadas con el tráfico mercantil, salvo las excluidas expresamente por esta Ley o por la legislación sectorial específica.

En todo caso, estarán excluidas las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de carácter primario y los servicios de mediadores de seguros y reaseguros privados que sean prestados por personas físicas así como los correspondientes a profesiones liberales.

 

Estableciendo en cuanto a su financiación

Artículo 19. Régimen económico.

1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dispondrán de los siguientes ingresos:

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que presten y, en general, por el ejercicio de sus actividades.

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.

c) Las aportaciones voluntarias de empresas o entidades comerciales.

d) Los legados y donativos que pudieran recibir.

e) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen.

f) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico.

2. La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización de la administración tutelante cuando se trate de bienes inmuebles. En caso de otro tipo de bienes, la administración tutelante determinará los supuestos en los que sea precisa su autorización en función de su alcance económico.

 

Y estableciendo en cuanto a su contabilidad y auditoría

Artículo 35. Presupuestos y transparencia.

1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la administración tutelante, que fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos y de las liquidaciones tipo.

En todo caso, las cuentas anuales y liquidaciones de los presupuestos deberán presentarse acompañadas de un informe de auditoría de cuentas.

Corresponderá al Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de los fondos públicos que perciban la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, sin perjuicio de la competencia de los organismos fiscalizadores que, en su caso, existan en las Comunidades Autónomas.

Las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, y el Informe Anual sobre el Gobierno Corporativo, se depositarán en el registro mercantil correspondiente a la localidad en la que la Cámara tenga su sede y serán objeto de publicidad por las Cámaras.

2. Las personas que gestionen bienes y derechos de las Cámaras quedarán sujetas a indemnizar los daños y perjuicios que puedan causarles por acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o negligencia grave con infracción de la normativa vigente, con independencia de la responsabilidad penal o de otro orden que les pueda corresponder.

3. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España harán públicas las subvenciones que reciban así como otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el desarrollo de sus funciones. Igualmente harán públicas las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables respectivos, así como las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en su cargo por cualquier causa.

4. Para la adecuada diferenciación entre las actividades públicas y privadas que pueden desarrollar en los términos del artículo 5 de esta Ley, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España mantendrán una contabilidad diferenciada en relación con sus actividades públicas y privadas, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales.

 

Y que nos suscita los siguientes comentarios sin perder de vista los contenidos de su “exposición de motivos” entre los que constan las siguientes frases:

 “Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación nacen en España a finales del siglo XIX como forma de representar los intereses generales de las empresas. Su primera regulación jurídica data del año 1886”.

“Las funciones públicas no pueden ponerse en riesgo y por esta razón esta Ley procede a establecer un sistema de adscripción a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en la forma señalada en el artículo 7, que establece el principio general de pertenencia de todas las empresas a las Cámaras sin que de ello se derive obligación económica alguna”.

“La adscripción universal se entiende porque las Cámaras representan los intereses generales de toda la actividad económica y empresarial y no de un determinado sector, asociación o colectivo de empresas en función de su dimensión, localización o adscripción a la Cámara”.

“Se trata este de un aspecto fundamental para garantizar la representación de todas las empresas en los órganos de gobierno de las Cámaras, en función de la representatividad de los distintos sectores en la economía, de acuerdo con un sistema de elección universal y democrática en donde todas las empresas son electoras y elegibles”.

“En efecto, la propia jurisprudencia señala que a las Cámaras les corresponde velar por los intereses generales, no asociativos, de la industria, el comercio y la navegación y no limitarse a representar los intereses peculiares de sus socios”.

“Esta nueva Ley tiene como objetivo una redefinición de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y junto a su función principal de prestación de servicios a las empresas, refuerza su papel en el ámbito de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la internacionalización e incremento de su competitividad”.

“Siendo las Cámaras instituciones fundamentales para la vida económica de nuestro país, se debe garantizar su sostenibilidad económica en el actual contexto económico, de ahí que en esta Ley se establezca un sistema de ingresos basado, fundamentalmente, en los servicios que presten las Cámaras y en aportaciones voluntarias de empresas o entidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 31. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco general de la reforma tributaria y, en particular, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, analizará los requisitos que deben cumplir las Cámaras para que a las aportaciones que se realicen a las mismas les resulte aplicable el nuevo régimen fiscal”.

 

Hay que destacar que:

Se “ceden”” datos puramente fiscales (sujeción al IAE) a entidades con personalidad jurídica propia y a las que se le reconocen intereses privados (art.2 y art. 8 de la Ley).

Se impone la asociación “obligatoria” a una organización determinada y ello con independencia de su utilidad o de su gran bondad y buen hacer (siempre enjuiciable y de apreciación subjetiva) y aunque no se desprendan obligaciones económicas (art.7 de la Ley).

Se le reconocen funciones de carácter publico-administrativas (art.5 de la Ley).

Cuando el criterio es adelgazar las administraciones públicas, se siguen manteniendo organismos “semipúblicos”. (art.10 a 14 de la Ley)

 

En definitiva, estamos ante una nueva Ley (dictada en 2014) que mantiene todos los anacronismos de unos organismos de 1886 y que, ojalá nos equivoquemos, generará tantos conflictos y pleitos como la de su antecedente.